
Viene impulsado por el dólar mayorista, que tuvo un salto de 1,86%, a pesar de las elevadas tasas que debió convalidar el Gobierno en la licitación del martes.
En medio de la presión de la oposición para realizar un apagón nacional y con el objetivo oficial de no frenar la desaceleración inflacionaria, el Gobierno decidió suspender la audiencia pública convocada para discutir los aumentos de la tarifa de luz.
Así lo estableció el ENRE a través de la Resolución 743/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, luego de haber realizado la convocatoria hace menos de dos semanas.
En esa audiencia pública, se iba a discutir el precio del transporte de la energía eléctrica, que representa el 1,5% del precio final, para implementar a partir de enero de 2025. Se trata de uno de los cuatro componentes que integran la factura final pagada por los usuarios de luz.
En la Resolución aseguraron que “resulta razonable y prudente” postergar la audiencia a pesar de que es “imperioso corregir los precios relativos de la economía”. Según argumentaron, la decisión está basada en “la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria”.
De acuerdo al detalle, esta audiencia pública se iba a celebrar el 5 de noviembre y fue anunciada el 2 de octubre pasado.
El ENRE también justifica que esta disposición se realiza en el marco de la vigente emergencia del Sector Energético Nacional declara el 31 de diciembre de 2024, la emergencia pública declarada en la ley Bases y considerando “la situación económica recibida el 10 de diciembre de 2023”, el Ministerio de Economía “estimó imperioso corregir los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”. (DIB)
Viene impulsado por el dólar mayorista, que tuvo un salto de 1,86%, a pesar de las elevadas tasas que debió convalidar el Gobierno en la licitación del martes.
Estaba detrás del Mercado de Bonpland y fue ocupado hace más de 20 años. Hay un detenido: un empleado que tenía orden de captura. Ya suman 376 los inmuebles liberados por la Ciudad desde el comienzo de la actual gestión.
La cifra se compone de deudas directas ($ 3,04 billones), saldos de obras públicas comprometidas y paralizadas ($ 6,90 billones) y deuda estimada por discontinuidad o retrasos de programas nacionales ($ 2,16 billones).
Fueron otorgadas por incapacidad laboral. El gobierno dice que son truchas.
La decisión se aplicará desde el lunes, según fue confirmada mediante la comunicación A 8320 del organismo.