Municipales apuntan a Yeza e Ibarguren por la crisis en Pinamar

Fuente Página 12

En medio de un escándalo financiero, el distrito costero arrastra deudas impositivas desde 2017, esta inhibido por ARCA y su balance 2024 fue objetado por el Tribunal de Cuentas. Silencio oficial. 

Por Marcial Amiel

24 de agosto de 2025 – 00:01

Pinamar no tiene paz. A principios de agosto, tras un atraso en el pago de salarios, debió recurrir a un préstamo de mil millones de pesos del Banco Provincia. Finalmente, los pagó pero sin aplicar el aumento acordado en las paritarias. 

Ahora, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP), que encabeza de Enrique Gimenez, presentó en simultáneo un pedido de informes al intendente, una denuncia en el Concejo Deliberante para solicitar que se investiguen una serie de movimientos de dinero vinculados a la entonces AFIP que no se encontraban previstos en el presupuesto correspondiente y una denuncia ante la Justicia Penal por el mismo motivo.

Las novedades surgen del estudio pormenorizado de los últimos presupuestos que realizaron los técnicos y peritos del STMP, antes de concurrir a la reunión paritaria, en la que también esperaban discutir aspectos de la carrera municipal, contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que aún no se están cumpliendo.

En concreto, los trabajadores advierten que las tres administraciones consecutivas del PRO, las dos de Martín Yeza y la actual reconvertida en libertaria, desviaron del presupuesto unos cien milones de pesos, actualizados por inflación, en conceptos tales como honorarios a agentes fiscales, intereses, gastos judiciales, así como la inhibición de los bienes municipales hasta el año 2028. A los  responsables podría caberles la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Buenos Aires/12 pudo confirmar que Pinamar también tiene deudas con la provincia y que el cobro de esas obligaciones se raliza a través de retenciones sobre la coparticipación. Por ese motivo, el municipio estos meses recibió la décima parte de lo que le correspondería si no fuera moroso y se retrasó en el pago de los salarios a comienzos de agosto.

Consultada por este medio, la directora de Comunicación y Prensa del municipio, Anabela Acacio, declinó la posibilidad de comentar los hechos. El ex intendente Martín Yeza no respondió los llamados.

El origen del problema que denuncia el gremio radica en un conflicto que el municipio arrastra con la actual Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA), por no reintegrar los recursos que recauda en tanto agente de retención en cada salario  o pago a proveedores desde 2017. 

Nadie sabe con certeza a dónde fue a parar ese dinero, que era de AFIP, pero lo cierto es que el incumplimiento fue generando multas y punitorios, que se arrastraron de un ejercicio a otro y que los intendentes fueron pagando con fondos del presupuesto, sin previsionarlos ni contar con autorización legislativa.

Todo esto le valió al tandem compuesto por Martín Yeza y Juan Ibarguren, una serie de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas provincial, en marzo pasado, sobre el balance del ejercicio 2023, que aún no fueron respondidas. Esa oficina pública es la encargada de auditar los manejos económicos y financieros de los municipios. 

En el escrito presentado por la Mesa de Entradas del cuerpo legislativo local, que lleva el número 3845, el sindicato reclama la interpelación de los funcionarios involucrados en las maniobras y su eventual apartamiento de sus cargos, “en virtud del incumplimiento de los artículos 29, 31, 33, 35, 187, 189 y 241 al 246 de la Ley Orgánica de Municipalidades”. 

“Desde que asumimos la comisión actual en el año 2022, hemos venido denunciando ante el Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Trabajo diversas irregularidades en la ejecución del gasto municipal. Una de las más graves es la erogación de fondos públicos para el pago de honorarios, multas e intereses a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) incurriendo en el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como agentes de retención, ley 27.430, sin que se hayan presentado las explicaciones correspondientes a pesar de las solicitudes formales e informales realizadas”, afirma el texto, dirigido a la presidenta del concejo, Analía Figueroa, al que tuvo acceso Buenos Aires/12. 

“Estas erogaciones, que se vienen realizando desde el ejercicio 2017, no están autorizadas presupuestariamente y constituyen un perjuicio para el erario público y para los trabajadores municipales”, concluyen.

Antecedentes

La primera esquirla del conflicto con AFIP llegó en 2018. Ese año, el municipio tenía preparado un acto de firma de escrituras sociales y adjudicación de terrenos que debió ser suspendido a último momento, cuando los funcionarios se anoticiaron de la inhibición que pesaba sobre los bienes municipales.

Aunque, como señala el escrito, esta práctica comenzó en 2017, la situación financiera de Pinamar se hizo más precaria en 2019. En agosto de ese año, tras perder las elecciones, la gobernadora María Eugenia Vidal le cerró el grifo de recursos a Yeza, que se encontró con certificados de obra por pagar y reclamos airados de los constructores. 

Para no exponer a sus jefes políticos (Yeza responde al entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo), el exintendente hizo frente a esas obligaciones con recursos propios, algo expresamente prohibido por una ordenanza provincial con rango de ley emitida en 1973 y aún vigente. 

Desde entonces, el municipio arrastra crecientes problemas financieros, que patea aumentando los fondos de libre disponibilidad, como hizo con los aportes extraordinarios recibidos en tiempos de pandemia de Covid y acumulando advertencias del HTC.

Contexto político

De acuerdo al censo 2022, Pinamar, el distrito creado por la dictadura como desarrollo turístico, a través de un decreto del gobernador militar Ibérico Saint Jean, tiene 40 mil habitantes. Es uno de los balnearios preferidos de las clases acomodadas y uno de los distritos más ricos de la provincia. 

Integra la Quinta Sección electoral, que deberá elegir senadores el próximo 7 de septiembre. Ibarguren y Yeza integran el mismo espacio político (PRO- LLA) que el candidato Guillermo Montenegro, que enfrentará a la marplatense Fernanda Raverta de Fuerza Patria. 

Recientemente, el radicalismo pinamarense, a través de su presidente Fernando Ávila, desmintió un supuesto apoyo a los candidatos libertarios que alguien con mala fe notificó a sus afiliados. “Estuvimos mucho tiempo en Juntos por el Cambio, pero eso dejó de existir”, definió.